La consulta del Pacto Histórico enfrenta nuevos desafíos legales. El Tribunal Superior de Bogotá ha generado incertidumbre al echar atrás una medida cautelar que permitía a la coalición inscribir candidatos a la consulta presidencial y al Congreso como un partido único. Esto ocurre tras la negativa del Tribunal a una tutela presentada por Carolina Corcho y Gustavo Bolívar, quienes buscaban revertir la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que excluyó a Colombia Humana y Progresistas de la unificación del Pacto.
El CNE argumentó que su decisión no vulneraba los derechos políticos de Corcho y Bolívar, postura que fue respaldada por el Tribunal. Ante este revés, la dirigencia del Pacto insiste en realizar la consulta el 26 de octubre, denunciando un intento de la “derecha” por restringir sus derechos políticos. Esta situación genera tensión entre la Registraduría, el CNE y el bloque del presidente Petro, quienes cuestionan el rol del CNE como árbitro electoral.
La estrategia actual del Pacto es realizar una consulta interpartidista, en lugar de interna. El registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que la organización de la consulta continúa. Daniel Quintero, tras una reunión en la Casa de Nariño, aseguró que los precandidatos presidenciales del Pacto siguen en la contienda. El presidente Petro también se pronunció, afirmando que la consulta popular del Pacto Histórico sigue vigente.
Reacciones al fallo judicial
El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, respondió a las declaraciones de Petro sobre la decisión judicial, acusándolo de utilizar el fallo como pretexto para desconocer los procesos electorales en curso. Vallejo afirmó que el Pacto Histórico conocía la imposibilidad de realizar la consulta en los términos planteados originalmente.
Implicaciones del fallo
El Tribunal Superior de Bogotá ha puesto en riesgo la consulta presidencial del Pacto Histórico, que buscaba elegir un candidato único entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Aunque la decisión puede ser impugnada, genera incertidumbre sobre el futuro del proceso. Petro ha calificado la decisión como un “sabotaje” a la democracia, acusando a “la derecha” de impedir la participación del Pacto Histórico en la vida política legal del país.
